Resumen: Expresa la Sala, denegando la calificación de enfermedad profesional, que, para la aplicación de la presunción del artículo 157 LGSS (R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo listado de enfermedades profesionales, Grupo 2, Agente D, Subagente 03, Actividad 01, Código 2D0301), debe haberse acreditado previamente que estamos ante la patología y la actividad laboral que se describe en la norma como enfermedad profesional. La sentencia de instancia ya razona que del contenido de las tareas realizadas por el actor no puede concluirse que sean las descritas en el código invocado, esto es, un "Trabajo que exija aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano, así como movimientos repetidos y mantenidos de extensión de la muñeca"; se trata de una actividad laboral que la Magistrada considera acreditado que "no requiere apoyos prolongados y repetidos sobre correderas de MMSS, no movimientos extremos de flexión y extensión de muñeca, ni presión prolongada y repetida sobre muñeca y talón de la mano, empleándose en un escaso porcentaje de jornada equipos susceptibles de generar vibraciones", de donde se sigue la conclusión de que no estamos ante la enfermedad profesional alegada tal y como la misma se describe en la norma, puesto que no se acredita la actividad laboral causante de aquélla, por lo que no es posible aplicar la presunción iuris tantum de laboralidad que defiende el recurrente.
Resumen: Desestimada demanda en reclamación de grado de incapacidad permanente, se articula recurso de suplicación instando en primer lugar, con amparo en la letra b) del artículo 193 de la LRJS, la revisión de los hechos probados. El último apartado relativo a la dependencia se encuentra recogido en el archivo que se menciona por lo que procede su admisión. En lo demás, lo que se está solicitando es una nueva valoración en su globalidad de 12 informes médicos, lo que entra en abierta contradicción con los artículos 193 y 196 de la LRJS que exige que la revisión fáctica se base en concreto documento en el que conste claramente el relato que se pretende incorporar, lo que no acontece en el caso que nos ocupa por lo que procede el rechazo de la primera parte. Obviando el episodio pericárdico que resultó resuelto, la profesión del actor ni exige un manejo continuado de pantallas de ordenador, ni una interrelación personal especialmente exigente, se trata de una actividad sedentaria. Partiendo de estos datos, la Sala entiende que el actor no se encuentra incapacitado para realizar los principales cometidos de su profesión y como consecuencia de ello tampoco se encuentra excluido del mercado laboral.
Resumen: La enfermedad psíquica de base que presenta la actora presenta varios componentes: Trastorno Adaptativo Mixto (Ansioso-Depresivo); Trastorno de Pánico; Trastorno de angustia con inicio de agorafobia; Trastorno de Personalidad, impresiona mixto con predominio de Clúster C y B; Trastorno de conducta alimentaria tipo mixto. Y cursa con síntomas también variados: disfunción sexual, trastorno de la conducta alimentaria, pensamientos autolíticos y ansiedad. Para la Sala estas enfermedades y los síntomas floridos a los que dan lugar le impiden a la trabajadora el desempeño de las tareas fundamentales de su profesión habitual de teleoperadora porque en la misma es sobradamente conocido que resulta imprescindible, tal como señala la juzgadora de instancia, una importante concentración y atención para mantener el ineludible contacto con los clientes. Conclusión distinta obtenemos para la incapacidad permanente absoluta que pretende la actora ( artículo 194.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social). La Sala no ignora la importancia de las dolencias psíquicas pero considera que no le incapacitan para el desarrollo de toda actividad laboral. Y ello porque puede seguir desempeñando tareas livianas que no exijan una gran concentración y atención, dado que no consta que tenga alterado el curso del pensamiento, ni que presente síntomas depresivos mayores, ni tampoco clínica psicótica.
Resumen: El interesado prestó servicios para la empresa desde el día 4-6-10 hasta el día 13-9-23, en que causó baja por despido objetivo, solicitando prestación de desempleo el 19-9-23 y posteriormente, el 29-9-23, el pago único de la prestación. Tras actuación de la Inspección de Trabajo se impuso sanción al empleador por connivencia en la constitución de la situación legal de desempleo y la revocación de la prestación por desempleo del hoy demandante. El Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca dictó sentencia anulando la sanción impuesta al empresario pero la sentencia ahora recurrida confirma la resolución del SEPE que extinguió la prestación de desempleo inicialmente concedida, per para revisar ésta han de tenerse en cuenta los hechos probados reflejados en ella y éstos llevan a compartir la conclusión de la Inspección de Trabajo por la que el trabajador, con anterioridad al 28 de agosto de 2023 (fecha de la carta de despido), ya había solicitado a la empresa Inocencio su voluntad de solicitar prestación de desempleo, lo que indica connivencia entre el empresario y trabajador para obtener la prestación por desempleo con fecha 14 de septiembre de 2023 y posterior petición de pago único. Consiguientemente, la empresa de la empresa no responde a una decisión unilateral de esta sino a un acuerdo entre ambas partes para la extinción de la relación laboral para acceder al desempleo y capitalizar la prestación, lo que constituye fraude de ley.
Resumen: El trabajador demandante se jubiló en el marco de un expediente de regulación de empleo. Formula demanda frente a la Entidad Gestora como consecuencia de la denegación de complemento de maternidad. La sentencia del Juzgado de lo Social desestima la demanda. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que no tiene derecho al complemento reclamado porque su jubilación anticipada ha sido voluntaria, con lo que confirma la sentencia recurrida.
Resumen: La sentencia impugnada deja claro que no ha resultado controvertido por la Entidad Gestora que la afección visual que afecta al actor puede equipararse a la ceguera total y legal, pues la agudeza visual en el ojo derecho es de 0,030 y el ojo izquierdo 0,000, por lo que se ha producido una agravación desde la IPA. Las alegaciones de los recurrentes limitan la necesidad de ayuda de una tercera persona a ayudas puntuales, pero esta circunstancia no determina la infracción normativa que se denuncia puesto que constituye jurisprudencia unificada conocida y reiterada la que considera que el elenco de actos esenciales contenidos en el precepto legal que se invoca es, como en él mismo se advierte, meramente enunciativo, bastando de otro lado con que para uno de ellos se requiera la ayuda de otra persona para poder apreciar la existencia de una gran invalidez, sin que a ello obste la parcialidad de la ayuda o su carácter no permanente. La sentencia de instancia, lo que confirma la Sala, no funda el reconocimiento del actor como afecto de gran invalidez únicamente en el dato de su insuficiente agudeza visual (equivale a ceguera total) sino en la necesidad de la asistencia de una tercera persona a partir de la propia limitación que aquélla impone para desplazarse a media o larga distancia o coger un transporte, así como de su condición de dependiente en grado 1 conforme a la propia definición legal, conforme al artículo 26.1 a) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Resumen: El recurrente alega que se han infringido los artículos 11.3 y 20.5 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. Considera que los dos inmuebles que se han tenido en cuenta como patrimonio deben entenderse como patrimonio inmobiliario urbano y no como residencial y, por tanto, valorarse de acuerdo con el valor catastral de los inmuebles. Partiendo del inmodificado hecho probado quinto, resulta que la suma de patrimonio tenida en cuenta por la juzgadora asciende a 46.277, 54 euros, por ser la actora propietaria de un 33% de los inmuebles. La parte actora alegaba que era propietaria de un 33% de los inmuebles y no del 100% como había valorado la entidad gestora. La magistrada a quo llega a la conclusión de que los inmuebles suponen un patrimonio inmobiliario que asciende a la suma total de 46.277, 54 euros, cuantía superior a los 20.353, 62 euros para poder ser acreedora al IMV, por lo que desestima la demanda. De las alegaciones de la parte recurrida se constata que en el informe de la AEAT los inmuebles se identifican como uso principal: "Residencial". Asimismo, consta en las certificaciones catastrales aportadas. La valoración tenida en cuenta por la juzgadora del patrimonio de la recurrente asciende a la cuantía de 46.277, 54 euros, cuantía superior a los 20.353, 62 euros para poder ser acreedora al IMV, por lo que debe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia de instancia.
Resumen: Se trata de discernir si el estado del actor, valorando todo tipo de patologías, sean cuales fueren las causas, origina una reducción del rendimiento en más del 33% y ello es imputable al accidente de trabajo. Amén de ciertas dolencias que pudieren tener origen común y que no parecen incidir sobre la capacidad laboral, como es la hipoacusia o la lumbalgia por lumboartrosis, el actor presenta trastorno de estrés postraumático y trastorno adaptativo que le originan sobresalto por ruido, situación de alerta, insomnio... clínica menor que lleva a la Sala a entender que efectivamente no condiciona el funcionamiento útil a nivel síquico. De otro lado, tiene problemas sobre todo de extremidades inferiores con necesidad de evitar larga sedestación o bipedestación. Es decir, tiene plena capacidad de desplazamiento, pudiendo conducir, aunque ello no es connatural a su profesión de ejecutivo. Todo ello nos presenta un panorama que indudablemente condiciona o hará que el actor tenga molestias en su trabajo pero ello no es equiparable a una disminución del rendimiento en más del 33%. Por otra parte, el hecho de que en sentencia penal se recogiera un perjuicio moral leve, en absoluto es trasladable ni directa ni indirectamente a la IPP. Con carácter subsidiario se solicita el baremo 13 correspondiente a deformación o perforación del tabique nasal. Pero el informe médico forense habla de muy leve desviación de la punta nasal, lo que no es encuadrable con esos datos en dicho baremo.
Resumen: Recurre el trabajador la sentencia que declara la procedencia de su despido bajo un primer motivo de nulidad de actuaciones sustentado al no haberse practicado su solicitud de Diligencia Final, referida a una copia de una sentencia de la Audiencia Provincial; reproche que la Sala rechaza al haber activado el Juzgador su carácter discrecional entendiendo que no era relevante para su decisión. Y ello máxime cuando la sentencia fue dictada meses antes al acto de juicio pudiendo la parte haber solicitado dicha diligencia como preparatoria antes de su celebración.
En respuesta al fondo de la litis relativa a la imputación de responsabilidad en supuestos de subrogación empresarial y/o jubilación del empleador, advierte la Sala (desde la condicionante dimensión del inalterado relato fáctico) la Sala no considera acreditado (en armonía con lo decidido en la instancia) que el empleador hubiera continuado en su actividad como abogado tras su jubilación; y ello es así porque más allá del reconocimiento formal de su pensión de jubilación, su baja censal y como abogado ejerciente, consta que procedió a la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble en el que vino desarrollándola.
Mayor dificultad se advierte en la alegada sucesión del cónyuge del empleador, quien tras su jubilación procedió a la contratación de la demandante para el desarrollo de tareas administrativas mediante un contrato de trabajo temporal eventual sin amparo normativo alguno al ser la necesidad de liquidación del negocio tras los efectos de la jubilación una actividad propia del mismo, que exigía la continuación de los contratos de las personas trabajadoras necesarias hasta su liquidación en plazo prudencial en términos acordes a los señalados por distintos pronunciamientos del Alto Tribunal.
Resumen: En el caso analizado no hay ninguna evidencia de que la actora, con anterioridad al alta en la ONCE, menos aún a su afiliación al sistema, fuese prácticamente ciega, ni siquiera que determinara ya entonces una situación de IPA, y por contra si la hay de una perdida progresiva de visión, con el paso de los años, hasta llegar al momento actual a una situación, no ya de ceguera legal, sino prácticamente total, 0,03 (inferior a una décima) en ojo derecho y nula en el izquierdo. Por ello, su trabajo como vendedora de lotería en la Once, entidad que promociona el empleo de personas con discapacidad visual y de otro tipo, no puede servir para que no se considere ahora, a los efectos de valorar el grado de incapacidad que le corresponde, la pérdida visual que presenta, no estándose por demás ante un expediente de revisión de grado de IP previamente reconocido. No es controvertida la situación de ceguera prácticamente total que actualmente aqueja la actora, y además se da por probado (HP 7º), y se reitera en FD 4º de la sentencia recurrida, que necesita la ayuda de tercera persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (hacer la compra y la comida, comer, subir escalones, transporte...).
